El
Pleno Municipal de Aranjuez dió
carta de naturaleza al más serio indicio de exacción de los
recursos públicos en favor de empresas privada.A propuesta del gobierno del Partido Socialista, se acogió al decreto de sostenibilidad
de 2014 dictadas por el Gobierno estatal del Partido Popular para
entidades locales en “situación de riesgo financiero”, lo que
equivale a reconocer la insostenibilidad de sus cuentas de manera
implícita.
Lo provocó una deuda de 600.000 euros reclamada por la empresa MACONSA y a quién el Ayuntamiento aprobó más de 400 millones de pesetas por
este mecanismo irregular entre el 2000 y el 2002. Lo dice una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente y reconoce su
relato una sentencia de la Audiencia Provincial (Sentencia número 109/2012) y sucesivos fallos del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo que inhabilitaron a un alcalde de Aranjuez
del Partido Popular por hechos relacionados.
Todo
tiene un marcado acento de opera bufa. Las consecuencias económicas
de una conducta delictiva, confirmada por tres instancias judiciales,informes municipales y una querella de la Fiscalía, recaerán
en sus víctimas principales, los ciudadanos de Aranjuez; y elevará
la carga económica que enfrentan cada año para lograr
que el agua salga por los grifos, se recojan las basuras, se limpien
las calles, etc. Todo su
esfuerzo tributario se destinará a saldar unas deudas ficticias sin
contrapartida documental ni confirmación de la veracidad de sus trabajos..
Esta
situación tiene episodios de una comicidad
inenarrable aunque ilustra
a la perfección el modelo de nacimiento y evolución de las deudas
ilegitimas institucionales: contraídas por pocos en nombre de muchos
sin su participación, conocimiento o asentimiento; a despecho de toda legalidad, detrayendo
los recursos públicos hacia las
arcas privadas, sin que nadie ni ningún
representante público exija
responsabilidades
personales o
políticas por las consecuencias, la vulneración de
las leyes o demande el
resarcimiento de
los perjuicios económicos ocasionados a la ciudad por sus
protagonistas.
Salvo
ACIPA, los grupos políticos han mostrado una inexplicable identidad
con la propuesta del gobierno local.
Tendrán en sus razones que en el caso de las formaciones
emergentes son mas difíciles de desentrañar ya que iniciar procedimientos de anulación de decisiones plenarias no difícil si se cuenta con la nutrida colección de antecedentes recopilados y redactados por el fiscal Valerio Bermejo.
La
postura testimonial de ACIPA no se
extenderá a las
otras formaciones que acompañaron al gobierno del PSOE. Por eso,
conviene advertir sobre las consecuencias de la decisión
que enfrentará a la Institución con profundos recortes
presupuestarios obligatorios, algunos de dos cifras, en materia de
gastos ordinarios o inversiones reales y
con incidencia en los servicios
municipales durante los próximos 7 años, exactamente desde 2016
hasta finales de 2023.
Otras
no tan conocidas están explicadas
por el decreto
ley, el mismo que sostuvo el desmantelamiento de todo lo
público . Tienen
una importancia clave para la vida municipal y condicionarán la
gestión futura de los servicios y el desarrollo de la ciudad. Es
sencillo, otorga
notables prerrogativas de inspección y control a órganos
extramunicipales, merma la autonomía tributaria municipal y
subordinará
las decisiones en este ámbito al Ministerio de Hacienda. Se parece
mucho a una intervención estatal salvadora solo
que agravará
en calidad y cantidad la insostenibilidad de las cuentas municipales iniciadas cuatro mandatos atrás: A ellas se les da una nueva
vuelta de tuerca aplazandolas
en el tiempo.
Total, ¿que importa? ¡Paga el vecino! Al fin
y al cabo solo será una estadística de deuda per capita dentro de
unos años cuando ninguna decisión pueda revertir la bancarrota
municipal y la credibilidad de las alternativas políticas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario